La subcontratación, también conocida como outsourcing, es una práctica común en México y en muchos otros países, donde una empresa contrata los servicios de otra empresa para realizar ciertas actividades o funciones en su nombre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso indebido de la subcontratación puede tener implicaciones fiscales y legales.
En México, el delito fiscal está regulado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Fiscal de la Federación (CFF), entre otras leyes y regulaciones. La evasión fiscal, el fraude fiscal y otras prácticas ilegales relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden considerarse delitos fiscales en México.
En el contexto de la subcontratación, una de las prácticas ilegales más comunes es la conocida como «outsourcing» o «subcontratación abusiva», donde una empresa utiliza la subcontratación de personal como una estrategia para evadir sus responsabilidades fiscales y laborales. En este esquema, la empresa subcontratante transfiere a otra empresa (subcontratista) la responsabilidad de contratar y administrar a los empleados, evitando así pagar impuestos y prestaciones laborales.
Para hacer frente a esta problemática, en abril de 2021 se aprobó en México una reforma legal conocida como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual establece una serie de restricciones y regulaciones más estrictas sobre la subcontratación de personal. Entre las principales medidas se encuentran:
1. Prohibición de la subcontratación de personal, a menos que se trate de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa.
2. Obligación de registrar a las empresas de subcontratación en un padrón público, y obtener una autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para poder operar.
3. Responsabilidad solidaria entre la empresa subcontratante y la subcontratista en caso de incumplimiento de obligaciones laborales y fiscales.
4. Límites en las deducciones fiscales para los pagos realizados a empresas de subcontratación.
Estas medidas tienen como objetivo principal combatir la evasión fiscal y garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Aquellas empresas que incumplan con estas disposiciones podrían enfrentar sanciones económicas, así como procesos penales por delitos fiscales y laborales.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que las personas físicas o morales que presten servicios especializados, o ejecuten obras especializadas, sin contar con su registro ante la Secretaría del Trabajo podrán ser sancionados por el delito de defraudación fiscal.
De no cumplir con estas disposiciones se les considerará como subcontratación y se impondrá una multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir entre 200 mil y 5 millones de pesos, de acuerdo con el artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo.
Es importante destacar que las leyes y regulaciones pueden sufrir modificaciones con el tiempo, por lo que siempre es recomendable consultar fuentes oficiales y asesoría legal especializada para obtener la información más actualizada y precisa sobre la subcontratación y los delitos fiscales en México.
